Violencia en Centroamérica

El aumento de las tasas de criminalidad está convirtiéndose en una insuperable barrera del desarrollo en Centroamérica. En el llamado Triángulo del Norte – El Salvador, Guatemala y Honduras: las tasas de criminalidad se encuentran entre las cinco primeras en América Latina.  Costa Rica, Nicaragua y Panamá exhiben menores tasas de violencia y delincuencia, pero han estado subiendo constantemente durante la última década. Para entender a cabalidad el serio peligro que el crimen y la violencia representan son suficientes sólo dos cifras. La población total de los países de Centroamérica es aproximadamente la misma población de España. En España se registraron en 2019 332 homicidios. En Centroamérica ese mismo año hubo 14.257 asesinatos.

Tasas de homicidios en Centroamerica

Este índice de violencia ha ahuyentado la inversión extranjera directa y ha desencadenado enormes flujos migratorios hacia Estados Unidos en busca de seguridad a pesar de que los migrantes deben viajar por uno de los países más violentos del mundo como lo es México.

Los resortes de esta catastrófica situación son básicamente:

• Tráfico de drogas a los EE. UU. Que proporciona a los delincuentes enormes fuentes de ingresos. La disponibilidad de efectivo les permite acceder a armas; coaccionar mediante el miedo a la sociedad civil; comprar a los funcionarios del gobierno y controlar franjas de tierra para establecer bases.

• Disponibilidad de armas de fuego. Décadas de guerra civil y de transporte de drogas a los EE. UU. han hecho que las armas de fuego estén disponibles para un número desmesurado de personas. En 2007, un estudio realizado por SIPRI (Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo) señaló la presencia de más de 6 millones de armas de fuego en Centroamérica.

• Instituciones débiles que son fácilmente penetradas por la corrupción. Como resultado, la mayoría de los delitos no son castigados y los que lo son tienen como perpetradores a personas que carecen de contactos con las élites gobernantes cuyos miembros actúan con impunidad.

Tasas de homicidios en Latinoamerica y el Caribe

La lucha contra este flagelo puede resultar costosa en términos de la elevada inversión que se debe realizar en materia de fortalecimiento institucional, pero es una tarea urgente para los países del hemisferio en esta segunda década del siglo XXI. Sin esa inversión la supervivencia del estado nación está en juego. El trabajo debe comenzar estableciendo estándares para el desarrollo institucional y el cese de la corrupción siguiendo el patrón de Costa Rica, que es el país menos violento y más orientado al desarrollo de la región. Costa Rica ha sido capaz de combatir eficazmente el crimen porque durante más de setenta años ha trabajado tenazmente para establecer gobiernos eficientes y transparentes y combatir la corrupción. Esto ha creado una cultura cívica que es reacia al crimen y que está alerta a eventos y desarrollos que afectan adversamente el estado de derecho. De hecho, al igual que los suizos, los costarricenses cooperan con las fuerzas del orden al denunciar temprano cualquier actividad que pueda revelar un comportamiento delictivo. Esto facilita la prevención del delito. El país también ha realizado grandes inversiones para establecer la separación de poderes y garantizar la independencia del poder judicial. Esto ha puesto fin a la impunidad. El fin de la impunidad ha reducido la probabilidad de cooperación interna con el crimen organizado transnacional.

Dos eventos pusieron a prueba la resistencia de las instituciones de Costa Rica. El primero fue el de Ofelia Taitelbaum, Defensora del Pueblo del país de 2009 a 2014. La Sra. Taitelbaum defraudó al servicio de impuestos internos de Costa Rica; y se apropió ilegalmente de los datos de identidad de una costurera para realizar declaraciones de impuestos sobre la renta de sus empresas. Cuando la costurera solicitó una pensión de jubilación, esta se le negó el beneficio debido a sus elevados ingresos. Al darse cuenta que alguien estaba usando su identidad presentó una denuncia ante la policía costarricense. Y la investigación reveló que su identidad se había utilizado para reducir los impuestos de las empresas de la Sra. Taitelbaum. Luego, la Sra. Taitelbaum intentó encubrir su crimen. La Corte Suprema de Goicochea la llevó ante la justicia y la condenó a 9 años de prisión a pesar de las relaciones de la Sra. Taitelbaum con la comunidad empresarial y el partido político gobernante. En resumen, se hizo justicia al castigar a un miembro muy conspicuo de la élite de Costa Rica.

• Otro caso que pondría a prueba la capacidad de aplicación de la ley de Costa Rica fue el secuestro y asesinato de William Sean Creighton. el 24 de septiembre de 2018. Alrededor de las 10 p.m. Creighton, un conocido empresario que había construido gracias a sus habilidades matemáticas una casa de apuestas digital muy exitosa, dejó el trabajo en su automóvil para conducir a casa. Mientras conducía por el barrio de Granadilla de Curridabat, fue detenido por dos policías de tránsito. Cuando se detuvo, apareció una camioneta gris y cuatro hombres saltaron para apoderarse de Creighton. Su auto fue colocado dentro de la camioneta. Los secuestradores del Sr. Creighton solicitaron un rescate que fue parcialmente pagado por la familia. Pero el Sr. Creighton nunca regresó a casa. Su cadáver fue recuperado en un cementerio por la policía a 100 millas del lugar del secuestro. En enero de 2019, las autoridades arrestaron a 12 personas que se cree que estuvieron involucradas en el secuestro de Creighton en diferentes grados. Un hombre llamado Jordan Morales fue descrito como el autor intelectual de la operación. Él, junto con su madre y su amiga, operaban una red de secuestros vinculada al crimen organizado internacional. El sujeto había salido de Costa Rica a Cuba para luego trasladarse a España a donde fue detenido y extraditado a Costa Rica. El caso de Creighton ayudó a las autoridades de Costa Rica a desmantelar una banda de corrupción dentro de la policía al tiempo que proporcionó un tesoro de información sobre refugios seguros nacionales e internacionales.

En la lucha contra la delincuencia, Costa Rica ha marcado la pauta en la construcción de instituciones que fortalecen el estado de derecho y ponen fin a la impunidad. Este estándar podría extenderse a los países del Triángulo Norte. De Centroamérica con el apoyo de organismos internacionales y cooperación técnica entre otros de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Pero el trabajo debería comenzar pronto.

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